A pesar de que el PRI y sus partidos aliados festejaron la aprobación y promulgación de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como #LeyChayote, la oposición y las organizaciones civiles no le han puesto punto final a esa historia.
En el día en que se celebra la Libertad de Expresión, un grupo de senadores presentaron ante la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad que busca regresar el tema justo donde inició: con un emplazamiento de esta instancia al Congreso para que se elabore una ley que no viole derechos humanos.
Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- De febrero a abril pasado, organizaciones civiles insistieron a diputados y senadores que cumplir en tiempo con la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, no sería suficiente para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los obligaba a elaborar un reglamento que parara el gasto excesivo en publicidad oficial.
La oposición lo repitió varias veces cuando el dictamen se discutió en el pleno de ambas cámaras, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), aprobaron la ley y luego festejaron.
Sin embargo, este jueves por la mañana, 52 senadores presentaron en la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley también conocida como #LeyChayote, lo que abre camino a un nuevo procedimiento en que la Corte señale que en el Congreso no se cumplió con lo que estipuló en noviembre de 2017.
Fueron senadores del Partido Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los que presentaron el documento. Los argumentos que sostienen dicha acción es que contraviene a la libertad de expresión, el derecho a la información y porque vulnera reglas del procedimiento legislativo.
De acuerdo con un comunicado del colectivo #MediosLibres, esta acción de inconstitucionalidad muestra que la Ley aprobada vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión, al violar los principios internacionales en materia de publicidad oficial y los señalados en el artículo 134 constitucional; incumple los criterios derivados de la exhortación de la SCJN; vulnera el derecho fundamental de la libertad de imprenta; viola el derecho de las audiencias y documenta violaciones al proceso legislativo que afectan la validez de la Ley.
Durante la discusión de la Ley, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, la oposición insistió en que no sólo se trataba de aprobar una ley para cumplir con el plazo establecido por la SCJN que era el 30 de abril pasado, sino que se tenía que cumplir con varios conceptos que el entonces dictamen no incluía.
Esa Ley, de acuerdo con #MediosLibres, promueve y mantiene las malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta.
“El Congreso hizo caso omiso a las recomendaciones y señalamientos sobre los estándares necesarios en publicidad oficial para garantizar diversos derechos, de actores internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU)”, expuso el Colectivo en un comunicado de prensa.
Con esta acción se podría determinar la inconstitucionalidad de las disposiciones que afectan los derechos humanos y que están formalizadas en esta #LeyChayote.
En entrevista con SinEmbargo, el Senador Ernesto Ruffo Appel, consideró como lamentable cómo a través del presupuesto público ejercido por el Presidente de la República, se gastan tales cantidades de dinero.
Con cifras preliminares de 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gasto de publicidad se ubica en 44 mil 659 millones 659 mil 871 pesos.
De acuerdo con un estudio de Fundar, el Gobierno federal gastó entre 2013 y 2016 un monto de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, y además esa cantidad superó en 15 mil 162 millones de pesos lo aprobado por el Congreso de la Unión. También se hizo caso omiso del recorte del 10 por ciento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó desde 2015, como parte del recorte al gasto público y de su política de austeridad.
El documento que se aprobó fue considerado una copia de los lineamientos ya vigentes en materia desde hace 10 años, lo que no soluciona el principal problema, que es la publicidad oficial convertida en un mecanismo de control directo de líneas editoriales y en asignación discrecional de grandes cantidades de dinero.
Ruffo Appel mencionó el caso de los topes presupuestales, que “no funcionan”, ya que el Presidente Peña ha ejercido casi 40 mil millones de pesos, cuando la Cámara de Diputados sólo autorizó 23 mil millones.
“Fundados en el Artículo 105 Fracción II de la Constitución, una tercera parte de los legisladores en la Cámara de Senadores, tenemos derecho a expresar una acción de inconstitucionalidad frente a la SCJN. Fue firmada por 52 senadores, cuando sólo se necesitan 43 requeridos. Por parte de los senadores firmantes ya está hecho todo lo necesario y quedó registrada la acción ante la Oficialía de Partes de la SCJN”, detalló el Senador panista.
Ruffo explicó que para la elaboración del documento se consultó a las organizaciones ciudadanas y éstas abonaron con sus puntos de vista. De las distintas críticas que ha recibido la minuta aprobada, sobresale que no se tomó en cuenta las propuestas de las organizaciones civiles, por lo que no garantiza cambios sustanciales en la compra de publicidad oficial.
“Lo que se busca es que la Corte inste de nueva cuenta al Congreso a elaborar una Ley que cumpla con la sentencia establecida […] Esa Ley se aprobó de una manera bochornosa y lamentable, con mal manejo de las comisiones y también de la operación de la Mesa Directiva del Senado encabezada por Ernesto Cordero Arroyo, dejaron que el tiempo se fuera hasta los últimos días del periodo legislativo, entonces algo para lo que teníamos cuatro meses, Cordero no bajó el tema hasta la última semana”, comentó.
“La Suprema tendrá que volver a revisar el contenido y emplazar de nuevo al Congreso a que hagamos las cosas bien y no con los intereses que la manipulación al erario público a favor de medios de comunicación, que hace el Presidente Peña Nieto”, sostuvo.
SE LES INDICÓ DESDE ANTES
Durante la aprobación, senadores y diputados señalaron que el documento que presentó y defendió el PRI, junto con el Verde y Nueva Alianza, viola la libertad de expresión, permite que continúe el exceso de dinero que se da a medios de comunicación, así como la discrecionalidad con la que éste se asigna y cómo todo eso se ve reflejado en las agresiones asesinatos de periodistas
Peros esos partidos se concentraron en un sólo argumento: “cumplir con el mandato ineludible de la Corte”.
En el Senado, Silvia Leticia Martínez Elizondo del PAN comentó que quienes se dieron el tiempo de estudiar la minuta se podían dar cuenta que no cumplía con lo establecido por la Corte. Pero por otro lado, Jorge Aréchiga del Partido Verde dijo que no solo era cumplir con la Corte, sino con todos los mexicanos, por lo que “expedir una ley [era] indispensable para la democracia”.
En la Cámara de Diputados, el Verde habló de que la Ley obedecía a una mayor exigencia de rendición de cuentas y que respetaba los preceptos de eficacia, economía y honradez, al contar con un marco jurídico que “no tendrá problemas” porque prevé la elaboración de informes detallados, lo que pararía las malas prácticas.
Arturo Goicoechea, del PRI, señaló que en dicho dictamen están incluidos cinco puntos que formuló Artículo19 como “básicos”.
Aunque uno de ellos era establecer un tope al gasto, ya que este se ha rebasado año con año hasta en 100 por ciento, explicó que si no se contempla un límite es porque eso “incentiva el agotamiento del recurso”, por lo que era mejor un régimen flexible “siempre a la baja”.
Rafael Hernandez Soriano, del PRD, también habló en su momento sobre lo indicado por la Corte: “La Corte mandató que se modificará el Status quo de la actual ley. La Corte señaló lo que carece el sistema actual y lo que presenta el PRI día de hoy en una copia de lo que ya existe como lineamientos de comunicación social. Hoy no se va a cumplir como lo determina la Corte. Se dejan de resolver varios temas: la autonomía del órgano regulador, las facultades de Segob que se regulará a sí misma, que debe de crearse un órgano diferente, un instituto que sea imparcial.
“No se determina el límite claro y contundente y mantiene la discrecional de su manejo y asignación, incremento o decremento, todo lo decidirá Segob y Hacienda. No hay claridad de los tiempos oficiales Hay una política perversa de premiar a los medios que estén cerca del príncipe y castigar a aquellos que critiquen. Lo que proponen es institucionalizar la política del chayote en nuestro país” agregó.
Jorge Triana del PAN expuso que el dictamen es un copy paste de la propuesta inicial que hizo el “PRI gobierno” que a su vez es un copy paste de los lineamientos generales de Segob.
“Lo que vamos a votar no guarda un sano equilibrio entre una empresa que participará en un proceso de licitación por un contrato; le da la espalda a las organizaciones, a la sociedad civil, a los ciudadanos. Lo que se votará no atiende un problema de comunicación gubernamental, no fomenta la competencia plural de los medios y no se pone un límite en el dinero pagado”.
Y remató: “le estamos dando el avión a la Corte. Le estamos dando el permiso al gobierno federal de publicitarse, además con pésimos resultados”.
